INDEMNIZACIÓN UNIVERSAL

Contador Público: Mario Ernesto Castillo Guzmán

San Salvador – El Salvador – Centroamérica

A finales de enero 2013, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (en adelante CSJ) de nuestro país, declaró inconstitucional la omisión por más de 12 años por parte de la Asamblea Legislativa de regular el derecho de los trabajadores a ser indemnizados cuando renuncian; esta clase de remuneraciones se denominan según la doctrina como “indemnización universal”. La sala de lo constitucional de la CSJ, además ordenó a la Asamblea Legislativa a que emita una ley secundaria en la que defina como va a ser la forma en que se darán la indemnización, para dar respuesta al derecho constitucional contemplado en el artículo 38, ordinal 12° de la Constitución de la República, estableciéndole un plazo máximo de hasta el 31 de diciembre de 2013.

Esta es una buena noticia para la clase trabajadora,  pero no tan buena para algunos empleadores, quienes a partir de la vigencia de la ley, estarán obligados a estimar las indemnizaciones de su personal, lo cual inevitablemente tendrá un efecto financiero y tributario para los empleadores. No sería raro que el Ministerio de Trabajo promueva reformas al Código de Trabajo y también el Ministerio de Hacienda haga lo suyo para adecuar la Ley de Impuesto Sobre la Renta, a esta nueva realidad.

A parte de los efectos económicos que causará la implementación de este tipo de ley, las empresas pierden el control de retención de sus empleados talentosos, quienes a partir de la vigencia de esta ley, podrán cambiar de trabajo sin ningún problema ya que se les reconocerá su indemnización laboral, en otras palabras afectara al área de recursos humanos, por lo que los empleadores tienen que ser creativos para retener a su personal clave. ¿Es justa una ley de esta naturaleza?, la respuesta depende de qué lado se encuentre el lector, (como trabajador o empleador), lo que si podemos mencionar es que en Venezuela esta clase de ley es una realidad.

Faltan prácticamente once meses para que la Asamblea Legislativa tenga que aprobar este tipo de ley, considerando que el camino no será fácil ya que es un tema complejo que genera intereses encontrados entre la clase trabajadora y empleadores, sin embargo el primer paso ha sido dado, solo es de ver como los señores diputados abordan esta realidad, y la traducen en una ley justa para las partes.